Habiendo agotado un minucioso proceso de revisión del proyecto de ley de modernización fiscal depositado por el Poder Ejecutivo en la Cámara de Diputados el pasado martes 08 de octubre de 2024, la Asociación Dominicana de la Industria de Plástico (ADIPLAST) tiene a bien compartir su posición al respecto.
Entendiendo plenamente la necesidad planteada por el gobierno de aumentar las recaudaciones fiscales, con el objetivo de desarrollar iniciativas estratégicas en una diversidad de áreas de alto interés nacional incluyendo infraestructura y seguridad, reconocemos que el proceso de elaboración de la propuesta que viene a responder a esta necesidad quedó corta en el establecimiento de un diálogo profundo y constructivo para lograr consensos en puntos clave, especialmente con sectores que se verían directamente impactados por ella.
Tomando en cuenta que el proyecto de ley establece la equidad como uno de los principios fundamentales de la propuesta, nos sorprenden las importantes inequidades fiscales perpetuadas en el tratamiento fiscal entre, por ejemplo, las empresas establecidas en el régimen nacional y de zona franca. Esto sin mencionar cómo la propuesta no responde de manera contundente a algunas de las mayores inquietudes del sector productivo nacional y factores clave en el elevando gasto público y baja recaudación fiscal, como lo son la alta tasa de informalidad y la distribución eléctrica.
Asimismo, ADIPLAST expresó su inquietud por el procedimiento acelerado con el cual fue aprobado el proyecto en el Senado, recordando que “la Ley 225-20 fue producto de más de tres años de diálogo entre las partes interesadas y expertos, incluyendo la industria e instituciones públicas como el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, las cuales, en este caso, no fueron consultados”.
El proyecto de ley indudablemente impactaría a la industria de plástico a nivel nacional a lo largo de toda su cadena de valor de manera significativa, poniendo en riesgo la estabilidad de un sector neurálgico en la economía nacional, altamente encadenado con la agricultura, industria y agroindustria, zonas francas, turismo y salud.
Adicionalmente, desincentiva la formalización e inversión, tanto nacional como extranjera, en nuestro país, atentando contra la estabilidad normativa que ha caracterizado el mercado dominicano en las últimas décadas, modificando sin previo diálogo o consenso, por ejemplo, la Ley General 225-20 sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, creando un nuevo impuesto para toda persona jurídica, de lo que, hasta el momento había sido una contribución especial obligatoria, deducible del Impuesto Sobre la Renta (ISR), desmotivando así al sector privado de participar de manera más activa en el financiamiento de la gestión de residuos sólidos en nuestro país.
